Panfletos #Catalunya

En este error caen los que escuchan una y otra vez que:

 “... el Referéndum no se celebrará porque no van a atreverse a saltarse las leyes…” o que “...el procès morirá por sí mismo..”.

Son frases muy propias de políticos voluntaristas como los nuestros, que consideran que si uno elimina mentalmente un escenario, éste deja de ser posible inmediatamente. 

Ciertamente, las cosas están muy difíciles a nivel legal para los golpistas catalanes, que se enfrentan a numerosos obstáculos y posibles (cuidado, digo posibles) sanciones y multas. Algunos altos cargos se han retirado de la primera línea por miedo a ver menguado su patrimonio si fracasa el golpe de estado. Pero inmediatamente han sido reemplazados por otros más firmes en sus convicciones que están dispuestos a llegar a donde sea; bien por gallardía o por tener las espaldas mejor cubiertas.

El separatismo no nació con Artur Mas. Sus orígenes están en un sector del carlismo, que tras llevar a nuestro país a tres guerras civiles y perderlas, transformó su discurso en un idealismo reaccionario-localista imbuido de fanatismo religioso promovido por sectores ultramontanos del clero rural. Tras la guerra civil, el discurso nacionalista quedó pulverizado ya que la población, exausta de las penurias del periodo revolucionario, comprobó cómo el nuevo régimen continuó garantizando el crecimiento industrial de la región a cambio de dejar apartadas a un segundo plano las peculiaridades folklóricas.

Es la nueva clase política surgida de la llamada Transición la que abre de nuevo las puertas de par en par al neocaciquismo nacionalista cuya semilla había quedado al cuidado de los monjes del monsasterio de Montserrat y de algunas familias de la burguesía decadente de Barcelona. El estado autonómico fue concebido como un bálsamo federal que curaría el mal nacionalista. El pacto era sencillo: Madrid cedía el control de la finca catalana a la aparentemente dócil oligarquía convergente a cambio de cheques en blanco para facilitar la alternancia de partidos en La Moncloa. 

Juan Armuñés.

Catalunya, septiembre 2017.

Llamo desfiguración a la caricatura que algunos realizan para descalificar al nacionalismo. Han surgido multitud de páginas , blogs y nuevos medios que con desigual acierto se dedican a denigrar y a exagerar los vicios del llamado independentismo. 

No es infrecuente que, en el fragor de la polémica, se utilicen calificativos muy corrientes hoy en día como “fascista”, “totalitario”, “nazi”, etc… Ni que decir tiene que de la misma manera que estas palabras gruesas (aunque casi siempre vacías de contenido) circulan hacia allá, vuelven hacia acá rebotadas en forma de las no menos habituales “facha”, “franquista”, “españolista”….

Siendo benévolo con estas divertidas organizaciones, diré que en la mayoría de ocasiones le hacen el caldo gordo al oponente y crean un diálogo de sordos a base de un lenguaje tosco e inútil que no aporta nada nuevo ni sirve para fortalecer los argumentos constitucionalistas.

A continuación haré una serie de afirmaciones que sonarán extrañas: En Catalunya, hoy por hoy, no existe una situación de apartheid, ni hay enfrentamientos callejeros ni vivimos una opresión policial propia de una dictadura bananera (de momento). El peso de la ideología nacionalista bastarda y cateta se deja sentir de una manera más sútil en forma de silencios y censuras autoimpuestas. Por ejemplo, merced al consenso de la partitocracia local y a la tolerancia de los jueces, nuestros hijos pierden lo mejor de su tiempo escolar aprendiendo  a la perfección una lengua cuyo única funcionalidad es servir para la construcción de una pretendida nueva identidad. Pero no vivimos en un estado fascista: el fascismo es otra cosa; el fascismo hoy en día  no existe más que en su veritente peronista sudamericana. 

Exagerar y caricaturizar las situaciones como se hace en algunas páginas de intenet le resta credibilidad a las críticas. Crear guiñoles monstruosos del oponente lo único que hace es humanizarlo y entrar en su juego de descalificaciones. No se trata de echar por tierra el buen trabajo de mucha gente ni de renunciar al sentido del humor pero cuando criticamos el sistema educativo catalán deberíamos pensar si el modelo extremeño, cántabro o murciano son mejores. Si no son todos ellos el depauperado resultado de la educación impartida desde las autonomías. 

No está mal criticar los tics totalitarios de los partidos nacionalistas pero no debemos perder de vista que en las instituciones centrales se ha alentado y mimado el crecimiento de un partido financiado por potencias extranjeras cuyo único fin es actuar de catalizador en el proceso de desmembración nacional (hablo de Podemos naturalmente).

Los medios y la red reducen la discusión política a un chabacano intercambio de chistes que aluden habitualmente a lo menos importante, a aquello que destaca por su tosquedad. El trazo grueso de los graciosillo oficiales acostumbra a dejar de lado las raíces del discurso que origina el problema.

El humor y el sarcasmo forman parte de nuestro carácter. Actúan muchas veces como fuerzas sublimadoras de tensiones subyacentes a las relaciones humanas. Pero de la parodia al insulto hay una borrosa línea a través de la cual se entra en la pocilga de nuestro contrincante y se acaba comiendo de su mismo dornajo.

Si el debate de la pervivencia de nuestro país desciende al circo mediático, serán los payasos profesionales los que decidan al final sobre nuestro destino.

Juan Armuñés.

Catalunya, septiembre 2017.

Este es una de las trampas más claras y fangosas en las que ha caído el argumentario constitucionalista. Es bien sencillo: 

“la clase política catalana, la más corrupta que existe, ha recalentado artificialmente el debate separatista para distraer la atención de sus escandalosas aficiones cleptómanas”. 

Y ya está, con esta prototípica sentencia se despacha el tema y se tira hasta la próxima provocación, hasta la siguiente transgresión. Como si el movimiento suicida de una región de seis millones de habitantes se pudiera explicar por la mala suerte de haber gestado por casualidad a los políticos más ladrones del mundo.

¿Qué es la corrupción?,¿cómo se mide la intensidad de la corrupción?, ¿en millones robados per cápita?, ¿en meses de cárcel?, ¿en número de políticos procesados?... Si aceptamos la definición más ramplona de corrupción, es decir, aquella que contempla únicamente su vertiente delincuencial, los observadores internacionales nos sitúan en un nivel bastante aceptable, cercano a países de nuestras mismas características. No obstante, siempre es escandaloso constatar que los administradores de las modernas democracias tienen el mismo amor por quedarse con lo ajeno que tenían los gobernadores romanos. Nada nuevo bajo el sol.

Sin embargo, buena parte de la estrategia del Gobierno y su prensa ha sido cargar las tintas en la corrupción de los levantiscos nacionalistas. Incluso utilizando para ello las chapuceras cloacas del estado que, como suele pasar, acaban salpicando a aquel que recurre a ellas. 

Es bien sabido que en España el votante sólo castiga a los corruptos cuando son de derechas. Por tanto, la estrategia de mostrar a convergentes y asociados como una banda guiada únicamente por el latrocinio sólo podía tener una consecuencia: desplazar el voto a partidos más fanatizados pero libres por el momento del pecado de la corrupción (ERC y CUP).

¡Qué truco tan burdo, que dilapidación de recursos para nada!. Mientras Rajoy escurría el bulto de las acusaciones de financiación ilegal de su partido, sus policías remenaban en la banca andorrana buscando pruebas de los delitos de la familia Pujol, como si éstos no fueran de todos conocidos. Entérense señores de Madrid: los robos de la Ferrusola y su estirpe no han merecido más de dos o tres titulares en el oasis catalán.

Entonces ¿qué?, ¿pasamos de denunciar el nepotismo y la prevaricación?. Por supuesto que no. Pero centrar el discurso sobre la corrupción en su aspecto monetario hace que perdamos de vista su auténtico significado, a saber: putrefacción y degradación. La situación que padecemos es consecuencia de una corrupción generalizada que afecta a toda la clase política y a parte de las instituciones. 

En efecto: nuestros políticos y nuestros jueces son los más incultos que jamás ha habido. Desconocen y desprecian la historia de España. No han pensado ni un minuto de sus vidas en el bien común, en la eutaxia. Conciben las leyes como un salvoconducto para pervivir mientras se degrada la educación y la formación del pueblo.

Ellos han permitido que el Parlamento se convirtiera en un establo de chalaneo en el que los votos se intercambiaban por transferencia de competencias; en otras palabras: han ido troceando el poder del estado como pago por los favores y los silencios de las minorías etnicistas. 

Y mientras tanto, los ideólogos de la taifa iban beneficiándose de ese poder y preparando la acometida final, que no había de venir sino al cabo de treinta años, cuando ya no quedara margen para debilitar más al poder central. Bajo la sombra de diversas corruptelas un sólo horizonte era vislumbrado por todo el catalanismo: la secesión.  

¿Y qué decir de los “creadores de opinión”?. De sus tribunas ha manado el lodo en el que nos arrastramos y además nos aseguran que nos lo merecemos ya que es lo que hemos querido. ¿Puede haber mayor corrupción que despreciar la lengua, el patrimonio literario y artístico?, ¿puede haber existido mayor crimen que negar a varias generaciones el acceso a las reliquias históricas, a las fuentes de su pasado, encerrando la conciencia de una nación en el pantanoso césped de un inmenso campo de fútbol?.

He aquí la auténtica corrupción: la degradación del estamento político que ha permitido el vaciamiento del estado, el borramiento de los símbolos de unidad en favor dal folklore local, la ruptura del mercado interior, la asimilación de la leyenda negra, la construcción de muros entre comarcas...

Cuando la élite de un Estado renuncia a conservar su dignidad, entonces no sólo el robo de los poderosos está al orden del día sino que los individuos quedan expuestos a la arbitrariedad de la tribu. Si se corrompe el Estado no hay democracia ni libertad.

Juan Armuñés.

Catalunya, septiembre 2017.